Lo hacía valiéndose de mujeres en extremo estado de vulnerabilidad. Su actividad fue desbaratada tras una investigación de la Procunar NOA.
Un recluso que organizaba y dirigía envíos de droga desde la celda que ocupaba en la Unidad Carcelaria N°3 Orán del Servicio Penitenciario de Salta, fue condenado a ocho años de prisión por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. La condena, dictada por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta el jueves pasado, fue exactamente la solicitada por el fiscal general Eduardo José Villalba, quien llevó adelante la acusación penal contra Sebastián Policarpio Flores en el juicio que se desarrolló entre mayo y junio, bajo la dirección del juez Marcelo Juárez Almaraz junto a los vocales Marta Liliana Snopek y Federico Díaz.
El caso fue llevado a juicio a partir de una investigación realizada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, que avanzó con tareas de campo e inteligencia supervisadas por la auxiliar Mariana Gamba Cresmaschi y el auxiliar Jorge Viltes Monier.
Luego de un año de investigación que permitió reunir suficientes elementos de prueba, la fiscalía avanzó el 16 de octubre de 2020 con procedimientos, tanto en Salta como en Orán, con los cuales se desbarató la organización dirigida por Flores desde la cárcel. Se logró detener a cinco personas y el secuestro de más de 7 kilos de cocaína.
En su hipótesis, la fiscalía estableció que el interno, con ayuda de su pareja Marisol Diego como “brazo ejecutor”, se valió de mujeres en extremo estado de vulnerabilidad económica y de salud para utilizarlas como “mulas”, enviándolas en remis a la capital de Salta con paquetes de cocaína adosados a su cuerpo.
De esta manera Flores ganó, en julio de 2020, por ejemplo, 3.500.000 pesos como consecuencia de 15 viajes que llevó adelante la organización. Así reformó su vivienda del barrio 9 de julio, en donde edificó dos plantas, más de ocho habitaciones con piso renovados y hasta adquirió un hidromasaje que proyectaba instalar, entre otros lujos.
El 22 de marzo pasado, Diego y otros cuatro imputados que llevaban adelante las tareas encomendadas por Flores para sus envíos recibieron penas de dos años a seis años de prisión en el marco de un acuerdo pleno homologado por la jueza de Revisión Mariana Catalano. Flores, cabe señalar, cumplía en el penal de Orán una condena de cuatro años y seis meses de prisión dictada por la Sala I del Tribunal de Juicio de esa ciudad por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, pena que habría cumplido el 3 de setiembre de 2021.
La capacidad de Flores fue expuesta por el fiscal al explicar cómo planificó y dirigió el envío de droga. Una de las maniobras fue descubierta el 3 de marzo del año pasado cuando una mujer adicta, de la que se valió, fue detenida en Jujuy con una carga de 250 gramos de cocaína del acusado. Al respecto, y como fue probado en el juicio, Flores, desde su celda, llamó a la joven, quien había quedado con prisión domiciliaria y le explicó que debía ir a verlo en la cárcel, pues tenía que enseñarle lo que tenía que declarar en lo sucesivo.
Lo mismo sucedió el 16 de octubre pasado, cuando otras dos mujeres que envió con 1,2 kilogramos de droga fueron detenidas en el acceso a la ciudad. Nuevamente Diego, que quedó con prisión domiciliaria por tener hijos menores de edad, recibió un llamado de Flores pidiéndole que se haga cargo de la cocaína, o bien, un hermano de ella.
Previo a la última operación de tráfico, su pareja debió acudir a una “curandera”, algo que Flores siempre hacía antes de cada operación. “En esta ocasión, y luego de que Diego la pusiera en contacto telefónico, la consultó para saber si la compradora de la droga iba a cumplir con un dinero que debía”.
En esa charla, se excedió y le aseguró a la curandera que “manejaba todo desde la cárcel” sin problemas. Y ello se debió a la funcionalidad de los guardias, que a cambio tenían “piedra libre” en un comercio ubicado frente al penal, de donde sacaban todo tipo de mercadería, incluso carne para el asado. “Todo lo pagaba Flores, quien enviaba semanalmente a Diego a cancelar la cuenta con el comerciante”, indicó el representante del MPF.
