El dictamen, que no es vinculante, fue firmado por Eduardo Casal frente a la resolución que deberá dictar la Corte Suprema. El kirchnerismo duro reclama la libertad de la dirigente jujeña en arresto domiciliario.
El Procurador General interino Eduardo Casal dictaminó que debe rechazarse la apelación de la dirigente jujeña Milagro Sala contra la condena a 13 años de prisión que se dictó en su contra, en los tribunales de su provincia, en el marco del juicio oral denominado “Pibes Villeros”. Allí se investiga si Sala fue la jefa de una asociación ilícita integrada por ex funcionarios provinciales y cooperativistas que defraudó al Estado con fondos recibidos para la construcción de viviendas sociales y llevó adelante distintas extorsiones.
El dictamen de Casal se presentó ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene a su estudio las apelaciones de la líder de la Tupac Amaru, quien cumple prisión domiciliaria. La movilización que se hizo el 1 de febrero frente el Palacio de Tribunales, protagonizada por el kirchnerismo duro, pedía la renuncia de los jueces del máximo tribunal, criticaba el “lawfare” y reclamaba la libertad de Milagro Sala.
Sala se considera una “presa política” del gobierno de Gerardo Morales. El presidente Alberto Fernández ha dicho que en la Argentina no hay presos políticos pero sí abuso de prisiones preventivas. Sin embargo, el jefe de Estado se ha quejado públicamente de la situación procesal de Sala. Hace un año, la Corte Suprema había rechazado un planteo de la defensa de Milagro Sala por una condena a dos años de prisión. “Ese fallo contra Milagro, es un desafío a mí”, dijo Alberto Fernández en Olivos al conocer que la Corte había ratificado la sentencia.
Ahora, en enero, al cumplirse seis años de la detención de la dirigente, el jefe de Estado dio una entrevista en la que dijo: “En marzo la Corte Suprema va a ser dos años que tiene bajo su tratamiento el tema de Milagro Sala. Y no pasa nada”.
En tanto, los ministros del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta (quien fue su abogada defensora), visitaron a la dirigente social en su casa. “Es necesario reconstruir una Justicia que no persiga opositores y que garantice a las y los argentinos sus derechos, más allá de los poderes de turno”, dijo De Pedro, lo que lo llevó a un fuerte cruce con el gobernador de Jujuy, quien le respondió: “Es inaceptable que los funcionarios que representan a todos los argentinos defiendan a delincuentes condenados por corrupción en tribunales de distintas instancias y no respeten las sentencias del poder judicial”
Milagro Sala tiene varios procesos penales. El más grave es el de los llamados “Pibes Villeros” donde fue condenada a 13 años de prisión por asociación ilícita, defraudación y extorsión. Tras confirmar la condena, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy remitió a fines de diciembre del 2020 las actuaciones a la Corte Suprema. Es que -acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- la defensa de Sala asegura que fue sometida a varios procesos de criminalización como consecuencia de su activismo político, que se violaron sus garantías constitucionales y que la condena en su contra había sido arbitraria.
