El anunciado juicio político contra los jueces supremos tiene para Alberto Fernández una ventaja evidente frente al amague de desacato. Y es que le permite trasladar su impotencia al Congreso y evitar ser, otra vez, el eslabón oficial que siempre falla.
El presidente no nos dio tiempo ni de terminar de brindar por el año nuevo y retomó, el 1° de enero bien temprano, su esfuerzo tesonero por mostrar que aún tiene algo para decir y un rol que cumplir. Lo hizo como pudo, con sus ideas habituales y con las armas que tiene aún a su alcance. Es decir, manteniendo su grisitud habitual y yendo de la intrascendencia al absurdo, por la vía de la frustración.
Hay que reconocerle de todos modos que, de un tiempo a esta parte, se conforma con poco y eso nos ahorra problemas mayores. Parece decidido a rehuir batallas épicas que solo puede perder, y contentarse con no ser señalado todo el tiempo como el responsable directo y exclusivo del fracaso, el que ´no se anima´, o ahora ´amaga y recula´, el eslabón de la cadena de mando donde ella se rompe y todo se va al traste.
Por eso se las ingenió para encontrar la forma de seguir atacando a la Corte, como le reclaman que haga desde el kirchnerismo duro, pero pasándole la pelota al Congreso, para que sean ahora los legisladores oficialistas los protagonistas del fracaso.
No es solo Alberto Fernández el que actúa de este modo
En la interna oficial, ya no pelean tanto por ver quién recibe el honor de llevar a sus compañeros a la victoria, como por sacarle el cuerpo a las balas, y no aparecer en la foto con las manos sobre el cadáver.
Solo que Alberto Fernández, esta vez, reaccionó tarde, no la vio venir. Se envalentonó en un principio con desobedecer el fallo de la corte sobre la coparticipación de CABA. El profesor de Derecho parece que esa bolilla no la tenía muy estudiada, porque de otro modo hubiera imaginado lo que a continuación sucedió. Todos los funcionarios que iban a tener que firmar el desconocimiento del fallo, que alegremente promovían de palabra los kirchneristas duros y los gobernadores asociados, le advirtieron que antes que comprometerse en algo así preferían irse a su casa.
Una cosa es discursear sobre el lawfare y el partido judicial, y otra comerse un juicio que no podés ganar, para tratar de salvar una elección que está prácticamente perdida. Así que efectivamente Alberto Fernández ´reculó´, y lo bien que hizo. Sin la amenaza de juicios, está perdiendo funcionarios todos los días, si sumaba un combate épico contra la Constitución no quedaba nadie a su alrededor.
Repliegue olímpico y daño institucional
Para nuestra democracia y las instituciones republicanas, su olímpico repliegue fue un alivio. Un conflicto de poderes a matar o morir, en un año electoral decisivo, en medio de una crisis económica y social aguda, ante una sociedad que ya hace tiempo detesta a sus dirigentes era más de lo que se podía soportar.
El juicio político va a acarrear igualmente un daño institucional. Apunta a desprestigiar a uno de los poderes de la república por mezquinos intereses partidarios y personales, y va a traer cola. Porque durante los próximos meses los legisladores oficialistas de la comisión parlamentaria correspondiente van a machacar con que los integrantes de la Corte deben testificar ante ellos, cosa que difícilmente hagan, amplificarán y multiplicarán rumores y filtraciones truchas, denunciarán que cada crítica opositora a todo ese circo será otra prueba más de la espuria colusión entre esos partidos, los medios independientes y el ´partido judicial´, la ´mafia´ de la que habla Cristina Kirchner.
Mientras tanto, los gobernadores adictos iniciarán sus campañas electorales distritales con una excusa más para no hablar de inflación, pobreza, falta de oportunidades, servicios públicos deficitarios y corrupción. Con toda razón, compran un conflicto que para ellos es gratis, y los disculpa de dar explicaciones sobre su papel en lo que ha sido la gestión del Frente de Todos.
Serán, de todos modos, poco más que palabras. Que para el presidente en particular tendrán de todos modos una utilidad extra. Le servirán de cortina de humo en su búsqueda de una forma de pagar el fallo sin quitarle un peso a la campaña bonaerense de sus mandantes. Una alquimia financiera que terminará siendo, probablemente, más perjudicial para las cuentas públicas que todo el palabrerío que escucharemos sobre el supuesto rol mefistofélico de Horacio Rosatti y sus colegas para la salud de nuestro golpeado sistema judicial.
