La fiscalía consideró a la también ex intendenta de esa ciudad y al exsecretario general de los trabajadores municipales, Jacinto Sampayo, como coautores de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de sus deberes, defraudación al Estado y lavado de activos agravado.
Los fiscales generales solicitaron la imposición de 10 años de prisión para la ex diputada nacional y ex intendenta de esa ciudad, Aída Ayala, y penas de entre 3 y 10 años de prisión para otras 15 personas por haber integrado una organización que defraudó a la Administración Pública a través de diferentes conductas delictivas y luego lavó el dinero proveniente esas actividades.
Para los fiscales se encuentra debidamente probado que los imputados conformaron una organización ilícita que se apropió de recursos públicos para beneficiar a la empresa PIMP S.A., propiedad del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, y las firmas Tecmasa S.A., Recifis S.R.L., Dafs S.A., Ría Construcciones S.A., Ingeniero Pedro Alberto Construcciones, Logística Belgrano S.A., Coyrel S.A. y Cooperativa Las Palmeras, entre otras, con el otorgamiento de la licitación para el servicio de recolección de residuos de la ciudad chaqueña de Resistencia. La causa es conocida como “Lavado II” o “PIMP”.
De esa forma, realizaron diversas maniobras para “ingresar el producido de esos ilícitos al circuito legal mediante propios actos de lavado como ser la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas, entre otras complejas maniobras de reciclaje, generando incrementos patrimoniales tanto en los funcionarios públicos involucrados, como así en las personas físicas y jurídicas creadas al efecto, los cuales no resultan compatibles con la capacidad económica e ingresos lícitos registrados por los mismos”.
