Prohibir por Ley la interrupción de los servicios esenciales de energía eléctrica y agua potable a usuarios en situación de vulnerabilidad es el objetivo de la iniciativa cuyo análisis inició la Comisión de Legislación General. Los senadores confrontaron los argumentos comerciales de las autoridades de EDESA y cuestionaron la calidad del servicio que se brinda en el interior.
En reunión ampliada, la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional inició este miércoles el análisis de un proyecto de Ley que establece la prohibición del corte de suministro eléctrico y de agua potable por falta de pago a usuarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
En ese marco, los legisladores recibieron a directivos de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA) para evaluar los alcances técnicos y operativos de la iniciativa.
El encuentro contó con la presencia de los senadores, Dani Nolasco, Jorge Soto, Luciano Elvira, Alejandra Navarro, Diego Cari, Arnaldo Altamirano, Roque Cornejo, Juan Cruz Curá, Daniel Moreno, Enrique Cornejo y Walter Cruz. Por la empresa EDESA, asistieron el gerente general, Jorge Salvano y el gerente comercial, Luis Leyes.
El Proyecto de Ley estipula la suspensión de cortes de servicio, retiro de medidores y las ejecuciones judiciales por deudas entre los meses de mayo y septiembre de cada año, coincidiendo con el período invernal.
La medida alcanza a aquellos grupos familiares cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles o que integren a personas con discapacidad, adultos mayores, menores de edad o personas con enfermedades crónicas. Asimismo, la propuesta obliga a las empresas prestatarias a ofrecer planes de regularización de no menos de seis cuotas, con tasas de interés limitadas y condiciones diferenciales para entidades de bien público como comedores comunitarios y centros de jubilados.
Una factura y tres destinatarios
Durante su exposición, Salvano argumentó que el sistema de distribución de energía eléctrica se encuentra condicionado por regulaciones de jurisdicción nacional en los componentes de generación y transporte de energía, mientras que la provincia interviene únicamente en el segmento de la distribución.
Explicó que la suspensión del servicio constituye una herramienta necesaria para cubrir los costos operativos propios y cumplir con las obligaciones financieras ante las empresas de generación (CAMMESA) y transporte (Transnoa). Asimismo, advirtió que la acumulación prolongada de facturas que podría darse generaría stocks de deuda de difícil cumplimiento para los usuarios, citando como antecedente negativo el impacto financiero observado por una medida similar tomada durante las restricciones de la emergencia sanitaria por Covid-19.
Respecto a la composición del padrón de usuarios, el gerente general detalló que la provincia cuenta con 358.345 usuarios residenciales, de los cuales el 69% (247.197 usuarios) recibe algún tipo de subsidio nacional, sumado a 20.000 beneficiarios de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y tarifas especiales para electrodependientes y clubes de barrio.
Agregó que por tratarse de tres componentes integrados, generación recibe poco más de 34% del total de la factura, transporte el 5% y distribución el 42%, completando el total con cargos impositivos, por lo que una medida de ese tipo afectaría financieramente a toda la cadena de valor del segmento.
Durante la reunión, los senadores formularon diversos cuestionamientos hacia la calidad del servicio que presta la compañía en el interior provincial, enfatizando la necesidad de ejecutar las inversiones y obras de infraestructura pendientes tanto en materia de generación, transporte y distribución en los diferentes departamentos.
