Le prometió ganancias extraordinarias en divisas, pero se quedó con todo el capital. Tras la intervención de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, el acusado aceptó pagar una abultada cifra para evitar la condena.
Una llamada tentadora, la promesa de retornos en dólares y la frágil confianza depositada en alguien cercano. Lo que comenzó como una atractiva oportunidad de inversión en el volátil mundo de las criptomonedas terminó convirtiéndose en una amarga pesadilla de engaño, despojo y promesas rotas.
La causa por estafa informática encontró un desenlace en los tribunales locales luego de que la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, conducida por la fiscal Sofía Cornejo, lograra cerrar un acuerdo de conciliación penal que garantiza la restitución económica a la víctima.
El anzuelo: divisas, criptos y falsas ganancias
La pesquisa se inició tras la denuncia de un hombre mayor de edad contra un conocido de su entorno. Aprovechando el vínculo de confianza, el acusado lo convenció de ingresar al mercado de los criptoactivos mediante una “oportunidad imperdible”, logrando que la víctima le entregara una importante suma de dinero en billetes estadounidenses.
Sin embargo, el espejismo financiero no tardó en desmoronarse. El falso operador se apoderó de los dólares aportados sin realizar las transacciones prometidas, cortó los canales de pago y nunca liquidó los supuestos rendimientos generados y mantuvo el fraude mediante evasivas hasta que el damnificado decidió acudir a la Justicia.
Resarcimiento millonario y homologación
Durante la audiencia de conciliación, el secretario letrado Francisco Virgili —integrante de la Unidad de Litigación de la fiscalía— representó al Ministerio Público Fiscal en la búsqueda de una solución alternativa al conflicto penal.
Con el consentimiento de ambas partes, el acusado ofreció un resarcimiento económico formal cercano a los 10 millones de pesos para reparar el daño causado y dar por concluida la causa.
El expediente con el convenio de conciliación fue remitido a la Oficina Judicial de Garantías del Distrito Centro para su correspondiente homologación judicial, marcando un precedente en la resolución rápida de delitos informáticos y estafas financieras en la provincia.
