Con la participación del Ejecutivo y consulta a comunidades originarias, se busca regular el uso comercial exclusivo mediante el método ancestral del “chaku”,
En el marco de la ronda de consultas a distintos actores del sector, el Senado provincial evaluó junto a funcionarios del Poder Ejecutivo el proyecto de ley para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la fibra de vicuña. Durante el encuentro, se acordó iniciar a partir de agosto un proceso participativo con las comunidades originarias antes de emitir el dictamen final sobre la iniciativa.
La reunión plenaria fue convocada por las comisiones de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente, y de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Estuvo encabezada por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, y contó con la presencia de un nutrido grupo de legisladores, además de representantes de las Secretarías de Gestión Productiva y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Claves del proyecto: desarrollo local y técnica ancestral
El proyecto de ley, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, establece un marco normativo que articula la preservación ambiental con el desarrollo socioeconómico regional. Entre sus puntos centrales, estipula:
- Técnica exclusiva: Se autoriza únicamente el uso de la fibra obtenida mediante esquila por el método ancestral del “chaku”.
- Prohibiciones estrictas: Se mantiene la veda absoluta sobre el aprovechamiento de cuero y carne, así como la prohibición de la caza y tenencia no autorizada.
- Departamentos alcanzados: Declara zonas de reserva e interés a Cachi, Molinos, San Carlos, La Poma, Los Andes, Rosario de Lerma, Iruya, Santa Victoria y Cafayate.
- Retribución económica: Los ingresos generados se destinarán de manera prioritaria a productores y artesanos locales.
De especie amenazada a recurso sustentable
Durante la sesión, la médica veterinaria Melina Yampotis repasó la evolución histórica de la protección de la vicuña en la región. Detalló que las medidas de conservación implementadas desde la adhesión al Convenio Internacional de 1969 y la promulgación de la Ley Provincial N° 6.709 en 1993 permitieron revertir un panorama crítico: la población pasó de unos 2.000 ejemplares en todo el país durante la década de 1960 a 58.387 animales registrados únicamente en Salta en el censo de 2018.
Este incremento demográfico posibilitó que en 2019 la CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) aprobara la transferencia de la población salteña del Apéndice I al Apéndice II. Según destacó la especialista, legalizar e incentivar el aprovechamiento sustentable no solo potenciará la economía regional, sino que fortalecerá la protección del hábitat y combatirá de forma directa la caza furtiva.
Participaron de la reunión los senadores Gonzalo Caro Dávalos, Walter Cruz, Arnaldo Altamirano, Dani Nolasco, Carlos Guitián, Alejandra Navarro, Esteban D’Andrea, Roque Cornejo, Gonzalo Guaymás, Enrique Cornejo, Juan Cruz Curá, Rolando Guaimás, Sergio Saldaño y Carlos López y por el Poder Ejecutivo Diego Dorigato (secretario de Desarrollo Agropecuario), Pablo Savoy (subsecretario de Gestión Productiva), Normando Zúñiga (subsecretario), Daniela Ibañez y Melina Yampotis.
