El cardiólogo Edmundo Falú rompió el silencio tras la denuncia que derivó en cuatro allanamientos al IMAC. Advirtió que otros profesionales habrían sufrido la misma maniobra y reclamó avances a la Justicia y al Colegio Médico.
Un sello trucho, una firma apócrifa y órdenes médicas por prácticas que jamás realizó. Lo que comenzó como un hallazgo de rutina por parte del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) terminó destapando una presunta red de defraudación que salpica al Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC) y abre sospechas sobre un esquema sistemático contra la obra social provincial.
El reconocido cardiólogo salteño Edmundo Falú volvió a poner el caso en la escena pública. A pesar de que su denuncia Penal detonó un fuerte operativo judicial a fines del año pasado, el profesional advirtió que la investigación parece estar frenada y que otros colegas también habrían sido víctimas de la misma maniobra.
El origen del engaño: pacientes desconocidos y especialidades ajenas
La alarma saltó en la propia sede del IPS. Desde el organismo convocaron a Falú luego de detectar irregularidades en controles de facturación: había órdenes emitidas con su sello y una firma que el cardiólogo desconoció de inmediato.
El nivel de adulteración rozaba lo burdo: varias de las prácticas cargadas a su nombre correspondían a personas que jamás habían pisado su consultorio y a patologías que nada tenían que ver con su especialidad médica.
Ante esto, el 19 de agosto de 2025 Falú formalizó la denuncia penal para proteger su matrícula y honorabilidad profesional. Meses después, el 4 de octubre, amplió su presentación aportando auditorías internas del IPS y un detallado listado de prácticas presuntamente truchas adjudicadas a su persona entre 2024 y 2025. El propio IPS, al corroborar los desfasajes en las facturaciones de junio de 2025, radicó su propia demanda contra los responsables de la clínica privada.
Allanamiento al IMAC y el modus operandi
La investigación recayó en la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. El avance de las pesquisas derivó el 21 de noviembre en cuatro allanamientos simultáneos a sedes vinculadas al IMAC por parte del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), donde se incautó documentación física y se extrajeron copias de los servidores informáticos.
Según la hipótesis de los investigadores, personal del sanatorio privado confeccionaba órdenes con sellos y firmas adulteradas para darles apariencia de validez y cargarlas en el sistema informático del IPS. De esta manera, cobraban por estudios e intervenciones médicas inexistentes o no autorizadas por el profesional referente. Falú fue tajante ante la Fiscalía: nunca tuvo vinculación laboral ni contrato alguno con el IMAC.
“No es un hecho aislado”: el reclamo de respuestas
En declaraciones periodísticas, el especialista dejó en claro que su caso sería solo la punta del iceberg de una práctica extendida.
“Esto no es un hecho aislado”, aseveró el médico, señalando que colegas de distintas áreas —entre ellos una neuróloga y una fisioterapeuta— habrían atravesado la misma situación de ver usados sus datos profesionales para fraguar pedidos médicos.
Pese a la gravedad institucional del hecho y el alto perfil de los allanamientos realizados hace meses, Falú advirtió sobre la falta de novedades procesales. Hasta la fecha, no ha vuelto a ser citado por la Fiscalía, no fue informado sobre imputaciones a responsables ni se le notificaron los resultados de los peritajes a los sistemas del sanatorio. Asimismo, lamentó no haber recibido respuesta por parte del Colegio Médico de Salta, donde también radicó la correspondiente denuncia por la usurpación de su identidad profesional.
