Tras semanas de conflictos y deudas, el acusado amenazó a la dueña y cumplió su advertencia desatando un incendio. En juicio abreviado, fue condenado a 3 años de prisión condicional.
El calor abrasador del fuego y el denso olor a humo interrumpieron la tranquilidad de los vecinos en la ciudad de Orán. Lo que comenzó como un conflicto habitual entre propietario e inquilino derivó en una escalada de amenazas implacables y un atroz intento de destrucción que pudo terminar en tragedia.
En una audiencia bajo el Plan Piloto de Oralidad, el juez Fabián Fayos condenó a Nelson Ramón Pizarro, de 48 años, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional tras declararse culpable de los delitos de amenazas (dos hechos) e incendio intencional, en concurso real.
Evolución del conflicto: del desalojo al infierno
El historial de hostilidad comenzó cuando la propietaria del inmueble decidió expulsar a Pizarro debido a una abultada deuda en el alquiler y a los constantes episodios de violencia que protagonizaba junto a su pareja, los cuales habían alterado la convivencia de toda la propiedad.
La tensión alcanzó su punto de ebullición en las jornadas posteriores al desalojo:
El 1 de julio durante la devolución de los enseres personales que habían quedado en la habitación, el exinquilino reaccionó fuera de sí, profiriendo graves insultos y advertencias contra la dueña.
Al día siguiente el acoso escaló al entorno familiar. El padre de la mujer recibió una llamada intimidadora donde Pizarro le advirtió que “ella y su pareja sufrirían graves daños” si no aparecían ciertos objetos que alegaba haber perdido.
En horas de la tarde las amenazas verbales se convirtieron en fuego. Al regresar a la propiedad, la mujer se encontró con patrulleros y dotaciones de Bomberos combatiendo un incendio intencional iniciado en la habitación del exinquilino.
Respuesta operativa y resolución judicial
La inmediata y coordinada intervención de los bomberos y personal policial evitó que las voraces llamas arrasaran con el resto del inmueble, poniendo a salvo la vida de los demás vecinos que residían en el lugar.
Durante la audiencia flexible fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), el auxiliar fiscal Rodrigo Guerra —bajo directivas de la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa— presentó los elementos probatorios y acordó la salida mediante juicio abreviado.
Para conservar el beneficio de la libertad condicional, Pizarro deberá someterse de manera estricta a una serie de reglas de conducta, entre las que se incluyen la prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima y su entorno familiar.
