El diputado José Gauffin advirtió sobre el vertiginoso aumento de fondos girados como “Otros Anticipos” y exigió una auditoría especial. Además, cuestionó el uso de los fueros parlamentarios como escudo en causas penales.
SALTA. Entre carpetas contables y despachos legislativos, una cifra millonaria resuena con fuerza e incertidumbre en el tablero político salteño: $103.607 millones. Se trata del monto acumulado bajo la denominación técnica de “Otros Anticipos”, una partida que creció un 77% en solo un año y que hoy equivale al 3,17% de los ingresos provinciales sin una rendición de cuentas transparente.
“Se gasta, está gastado, pero no sabemos en qué”, sentenció el diputado provincial José Gauffin durante una entrevista en FM Profesional, al exigir una investigación urgente sobre la trazabilidad de estos fondos girados a municipios y organismos públicos.
Un pozo ciego de recursos públicos
El legislador formalizó un pedido ante la Comisión Bicameral Examinadora para la apertura de una auditoría especial sobre la Tesorería y los organismos receptores. Según su informe, la acumulación de saldos pendientes viene arrastrándose sin regularizar desde hace ejercicios fiscales anteriores:
- Evolución del saldo: Pasó de $58.388 millones en 2024 a superar los $103.600 millones en 2025.
- Falta de control: A pesar de las intimaciones formales de Tesorería, no hay registros de devoluciones o rendiciones efectivas.
- Crítica a la Auditoría General: “Termina siendo un chiste la actuación del organismo”, disparó Gauffin tras señalar que se limitaron a intimar sin constatar el destino final del dinero.
El escudo de los fueros y la ética parlamentaria
En paralelo al frente financiero, Gauffin fijó postura sobre las investigaciones penales que salpican a miembros de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia.
El legislador remarcó que las inmunidades parlamentarias existen para resguardar la labor política, pero jamás para entorpecer el accionar de la Justicia ante delitos comunes o de corrupción:
“Comparecer ante un requerimiento judicial es un deber ético. Los fueros no deberían impedir que un legislador imputado se presente a dar explicaciones”, afirmó.
Finalmente, instó al Poder Judicial a acelerar los plazos procesales en causas contra funcionarios públicos, advirtiendo sobre el impacto institucional que genera ver a dirigentes procesados manteniendo bancas decisivas mientras los órganos de control miran para otro lado.
