La Justicia Federal imputó a 15 personas por una presunta maniobra para obtener pensiones no contributivas mediante certificados médicos, historias clínicas y estudios adulterados. La investigación apunta a un entramado que habría operado en el departamento Anta y que ahora tiene bajo la lupa miles de beneficios.
Una investigación federal volvió a sacudir al departamento Anta. Esta vez, el foco está puesto sobre una presunta estructura que habría utilizado certificados médicos, historias clínicas y estudios falsificados para tramitar pensiones no contributivas de manera irregular.
La causa, dirigida por la Unidad Fiscal Federal de Salta, fue declarada compleja debido a la cantidad de personas involucradas y al enorme volumen de documentación y evidencia digital que debe ser analizado.
Entre los 15 imputados aparece el diputado provincial por Anta Gerardo Francisco Orellana, además de exgerentes hospitalarios, médicos, empleados municipales y un exjefe de ANSES.
El supuesto mecanismo de las pensiones falsas
De acuerdo con la hipótesis investigativa, los profesionales involucrados habrían utilizado sus firmas, sellos y acceso a documentación sanitaria para respaldar enfermedades o discapacidades que no se corresponderían con la realidad.
Entre las irregularidades detectadas aparecen certificados por presuntos casos de Chagas y patologías severas de columna, además de historias clínicas y estudios médicos que habrían sido adulterados o reutilizados.
Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue el presunto uso de una misma radiografía para respaldar numerosos trámites de pensiones, una maniobra que habría permitido multiplicar expedientes con documentación médica similar.
El rol que investiga la Justicia
La pesquisa intenta establecer qué función cumplía cada integrante del presunto entramado.
Los investigadores sospechan que médicos y exdirectivos hospitalarios habrían aportado la documentación necesaria para acreditar las supuestas incapacidades, mientras que gestores y operadores políticos habrían facilitado el acceso de los beneficiarios al circuito previsional.
También se analiza el posible papel de empleados municipales y de un exresponsable de ANSES en el ingreso y procesamiento de los expedientes.
En el caso del diputado Orellana, su situación forma parte de la investigación y deberá determinarse judicialmente qué grado de participación habría tenido en la maniobra.
Allanamientos y millones de pesos bajo la lupa
Gendarmería Nacional realizó allanamientos en hospitales de El Quebrachal y Joaquín V. González, consultorios privados y oficinas públicas.
Durante los procedimientos fueron secuestrados millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, computadoras, documentación y otros elementos que ahora son sometidos a análisis.
La investigación también tiene un punto de conexión con Taco Pozo, en Chaco, donde previamente se había detectado una presunta maniobra relacionada con certificados médicos utilizados para gestionar pensiones.
Miles de expedientes en revisión
La causa no se limita a los 15 imputados. La Justicia busca determinar el verdadero alcance del presunto fraude y establecer cuántos beneficios podrían haber sido obtenidos mediante documentación irregular.
Los acusados permanecen, por el momento, en libertad y bajo investigación, aunque se dispusieron medidas patrimoniales y restricciones mientras avanza el análisis de la documentación y los dispositivos electrónicos.
El expediente deberá ahora reconstruir el circuito completo: quién confeccionaba los certificados, quién los validaba, quién gestionaba las pensiones y quiénes se beneficiaban con el presunto mecanismo fraudulento.
