El nuevo régimen penal juvenil entra en vigencia con un cambio central: baja de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede ser sometido a un proceso penal por determinados delitos. La normativa incorpora penas alternativas, monitoreo electrónico, reparación del daño y nuevas condiciones para la privación de la libertad.
A partir de este sábado 5 de septiembre, comenzará a regir en Argentina el nuevo régimen penal juvenil establecido por la Ley 27.801, una normativa que modifica el sistema vigente desde la década de 1980 y establece nuevos criterios para abordar los delitos cometidos por adolescentes.
La principal modificación es el descenso de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, lo que permitirá que adolescentes de esa edad puedan ser juzgados por los delitos contemplados en la nueva legislación. Las penas podrán alcanzar hasta 15 años, de acuerdo con las características y gravedad de cada hecho.
La ley sostiene que uno de sus objetivos es fomentar en el adolescente imputado el sentido de responsabilidad por sus actos, además de promover su educación, resocialización e integración social.
Un nuevo esquema de penas
El régimen incorpora un abanico de sanciones que busca establecer respuestas diferentes a la prisión, de acuerdo con la gravedad del delito y las circunstancias particulares de cada caso.
Entre las penas previstas se encuentran:
- Amonestaciones.
- Prohibición de acercarse o mantener contacto con la víctima, sus familiares u otras personas.
- Prohibición de conducir vehículos.
- Prohibición de concurrir a determinados establecimientos, espectáculos o eventos deportivos, musicales y culturales.
- Prohibición de salir del país o del lugar de residencia.
- Trabajos o servicios en beneficio de la comunidad.
- Monitoreo electrónico mediante dispositivo de rastreo.
- Reparación integral del daño ocasionado a la víctima.
- Penas privativas de libertad en el domicilio, en institutos abiertos o en establecimientos especializados de detención.
Cuándo podrá evitarse la prisión
Uno de los puntos centrales del nuevo régimen establece mecanismos para evitar la aplicación de una pena de prisión en determinadas circunstancias.
La normativa contempla esta posibilidad cuando la pena no supere los tres años. También establece supuestos para condenas de entre tres y diez años, siempre que el delito no haya provocado la muerte de la víctima ni implicado graves niveles de violencia física o psíquica, y que el adolescente no registre otras condenas o procesos en curso.
En estos casos, deberán establecerse medidas orientadas a la educación, capacitación laboral, trabajo y toma de conciencia sobre la gravedad del delito cometido, con el objetivo de favorecer la resocialización y el desarrollo personal del adolescente.
Los menores detenidos no podrán compartir espacios con adultos
La nueva legislación también establece condiciones específicas para el cumplimiento de las medidas de privación de libertad.
Los adolescentes deberán permanecer en dependencias especialmente acondicionadas para menores de edad, sin compartir alojamiento con personas adultas.
Además, tendrán derecho a acceder a programas destinados a completar sus estudios obligatorios, capacitación laboral, formación ciudadana, actividades deportivas y otras herramientas destinadas a facilitar su futura integración social.
Qué ocurre después de cumplir parte de la condena
El régimen contempla también una alternativa para aquellos adolescentes que hayan cumplido dos tercios de la pena en detención y reúnan las condiciones previstas por el Código Penal para acceder a la libertad condicional.
En esas circunstancias, podrán continuar cumpliendo la sentencia mediante alguna de las otras penas contempladas por la nueva legislación.
Pero el sistema también establece consecuencias ante los incumplimientos.
Si un adolescente incumple injustificadamente una pena alternativa impuesta como condena, el juez deberá reemplazarla por otra sanción de mayor gravedad.
Protección de la identidad de los adolescentes
A pesar de los cambios introducidos por la nueva normativa, se mantiene una de las principales reglas de protección de los menores involucrados en causas penales.
Está prohibida la difusión de nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, domicilio o residencia del adolescente imputado, así como fotografías u otros datos que permitan identificarlo.
Con la entrada en vigencia del nuevo régimen, el sistema penal juvenil argentino inicia así una nueva etapa, marcada por una edad de imputabilidad más baja, nuevas herramientas de sanción y un esquema que combina responsabilidad penal, educación y resocialización.
