La salida del ahora exsecretario de Gestión Educativa se conoció tras varias semanas de exposición pública por la polémica en torno a la Unidad Educativa N.º 7160. La Fiscalía busca establecer cómo funcionaba la institución y determinar si existieron irregularidades. Por ahora, no hay responsabilidades penales comprobadas.
La controversia por la asignación de cargos docentes sumó un nuevo capítulo con la renuncia de Alejandro Williams Becker a la Secretaría de Gestión Educativa. La decisión se conoció después de semanas de cuestionamientos y repercusiones públicas que pusieron al funcionario bajo la lupa.
Fuentes consultadas atribuyeron la dimisión a motivos personales. También señalaron que la exposición mediática de las últimas semanas habría afectado al ahora exfuncionario.
Su salida se produce en un contexto de atención pública sobre los procedimientos vinculados con la Unidad Educativa N.º 7160, cuyo funcionamiento se encuentra bajo investigación judicial.
Qué busca determinar la Fiscalía
La investigación apunta a reconstruir cómo funcionaba la institución y esclarecer los mecanismos relacionados con la asignación de cargos docentes. El objetivo es establecer si existieron irregularidades y, en ese caso, determinar las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.
Hasta el momento, la existencia de una investigación no significa que las presuntas irregularidades estén probadas ni que se haya determinado la responsabilidad penal de alguna persona.
Una renuncia que no cierra la investigación
La dimisión de Williams Becker agrega un componente político e institucional a una controversia que ya había generado repercusiones públicas. Sin embargo, su salida del cargo no reemplaza el esclarecimiento judicial de los hechos ni permite anticipar conclusiones sobre la investigación.
El exfuncionario había rechazado públicamente las acusaciones. En ese marco, su renuncia tampoco puede interpretarse, por sí sola, como una admisión de responsabilidad.
Ahora, el foco permanece sobre el avance de la causa y las conclusiones a las que pueda llegar la Fiscalía respecto del funcionamiento de la Unidad Educativa N.º 7160 y de los procedimientos cuestionados.
La docente Celia Alancay denunció el 12 de agosto de 2026 que existían más de 300 nombramientos asociados a la Unidad 7160. Cuestionó que la institución no tuviera un edificio escolar operativo ni matrícula de alumnos y puso en duda la legalidad de las designaciones. También señaló posibles vínculos familiares y políticos entre algunas personas incluidas en los registros.
La Fiscalía abrió una investigación. La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de la fiscal interina Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Ministerio de Educación documentación sobre la creación de la unidad, su estructura, su funcionamiento y el destino de los recursos públicos. La causa busca determinar si hubo delitos contra la administración pública.
El Ministerio dio otra explicación. La ministra Cristina Fiore negó que se tratara de una escuela ficticia o de cargos sin funciones. Explicó que la Unidad 7160 fue creada en 2004 para atender a personas en contextos de encierro y que, con el tiempo, parte de sus cargos se habría utilizado para reubicar trabajadores en otras escuelas, programas y dependencias. También afirmó que el Gobierno inició un proceso para transferir formalmente esos cargos.
Según publicaciones del 7 de octubre, una auditoría habría detectado que las designaciones vinculadas con la Unidad 7160 se realizaron sin intervención de la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina.
