El Gobierno sostiene que el Presupuesto que se aprobó en Diputados ya no le sirve porque vulnera el déficit cero

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En la Casa Rosada responsabilizan a seis gobernadores, especialmente a tres cuyos legisladores no votaron como se esperaba. En el oficialismo consideran que así fuerzan al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit. Habrá gestiones para que la iniciativa no salga, así como está o se vete.

Varios gobernadores de la oposición dialoguista habían avisado horas antes que iban a llamar a sus diputados a votar contra el capítulo. Entre este grupo, el oficialismo coloca a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta); a los que el Poder Ejecutivo les brindó importantes cifras en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Pero hay tres mandatarios que se dieron vuelta a último momento: Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco). La actitud sorprendió hasta a los principales negociadores del Gobierno, ya que estos este último fue aliado electoral de La Libertad Avanza en octubre, mientras que el gobernador patagónico había mantenido una campaña cordial con los libertarios en su provincia.

La Libertad Avanza obtuvo ayer la media sanción del Presupuesto 2026 que impulsa en sesiones extraordinarias. Sin embargo, en la votación realizada esta madrugada en la Cámara de Diputados se lograron aprobar todos los apartados salvo el Capítulo XI, el más central de todos ellos, ya que contenía la derogación de leyes que el Gobierno consideraba inviables para el ahorro fiscal que promulgan desde el Ejecutivo, como la de Emergencia en Discapacidad o la de Financiamiento Universitario.

La Casa Rosada tiene la certeza de que el proyecto que se remitirá al Senado no le sirve para la sanción definitiva. “Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”, afirmó en altas horas de la madrugada a Infobae una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo. Con la eliminación del Capítulo XI del proyecto, consideran que están forzando al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, algo que el Gobierno considera inaceptable.

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