La conformación de mesas de trabajo con los representantes de Salta en el Congreso de la Nación propusieron senadores provinciales durante un encuentro con referentes del colectivo de discapacidad, quienes alertaron sobre el impacto del proyecto de “Ley contra el fraude de las pensiones por invalidez”, al que consideran una profundización del ajuste en discapacidad.
Referentes de familias, prestadores y distintos servicios del colectivo de discapacidad de Salta plantearon este jueves ante el Senado la crítica situación del sector y el impacto negativo de un proyecto de reforma impulsado por el Ejecutivo Nacional.
Ante la gravedad del escenario planteado, el Cuerpo propuso convocar a mesas de trabajo a los legisladores nacionales por Salta para tratar la problemática antes de que el proyecto de ley llegue al recinto del Congreso de la Nación.
La reunión fue encabezada por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, junto a los senadores, Enrique Cornejo, Roque Cornejo, Jorge Soto, Dani Nolasco, Diego Cari, Daniel Moreno, Manuel Pailler, Alejandra Navarro y Sergio Saldaño. Por el colectivo de discapacidad asistieron, María Salcedo, Itatí Gordillo, Mara García, María Arce, Sandra Polaco, Irma Argañaraz y Agustina Cantos.
Durante el encuentro, los representantes denunciaron que el proyecto de “Ley contra el fraude de las pensiones por invalidez”, recientemente presentado por el Gobierno Nacional, atenta contra derechos adquiridos hace más de 40 años. Advirtieron que la iniciativa busca eliminar el Nomenclador Nacional, lo que permitiría una desregulación de aranceles por regiones y criticaron el uso de cruces de datos con ARCA como mecanismo para dar de baja beneficios que incluyen servicios esenciales de farmacia, transporte, escolaridad y alimentos.
Asimismo, expusieron que el sector prestador atraviesa una crisis insostenible debido a demoras de más de 120 días en los cobros y un desfinanciamiento que impide cubrir sueldos y alquileres. Sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en 2025, señalaron que se trató de vetar y pese a la intervención de la Justicia, aún no se cumple; denunciaron que esto desfinancia la salud y quita subsidios a la gente más desamparada. “El ajuste no puede pasar por los más necesitados y por las familias con hijos con discapacidad”, manifestaron los referentes, señalando además que las auditorías oficiales fueron mal hechas.
Más allá de las cifras, las familias describieron la diaria batalla que significa el traslado, la educación y la alimentación de una persona con discapacidad en este contexto. Relataron cómo la falta de transporte especializado y el corte de servicios básicos transforman la rutina en una carrera de obstáculos, donde cada derecho vulnerado se traduce en un retroceso en la calidad de vida y en una carga emocional y económica que muchas veces resulta inalcanzable para los sectores más desamparados.
