Un dictamen desfavorable de la Auditoría General de la Provincia detectó pagos por $40.816.555,80 sin comprobantes fiscales válidos, una contratación directa de $15,3 millones que casi triplicó el límite permitido y otros gastos cuestionados. También observó diferencias en honorarios artísticos y casi $4 millones en horas extras liquidadas mediante planillas manuales. Las irregularidades corresponden a la edición 2024, durante la gestión de Rita Guevara.
Las cuentas de la Serenata a Cafayate 2024 quedaron bajo un severo cuestionamiento después de que la Auditoría General de la Provincia emitiera un dictamen desfavorable sobre la ejecución presupuestaria del festival. El informe expuso una serie de irregularidades en contrataciones, pagos, liquidaciones de honorarios y obligaciones tributarias que comprometen los mecanismos de administración y control de los recursos públicos.
Uno de los datos más contundentes es el desembolso de $40.816.555,80 sin facturas ni documentos fiscales válidos que respaldaran esas operaciones. A esa cifra se suma una contratación directa por $15.309.800 para el servicio de venta de entradas, cuando el límite legal para utilizar ese procedimiento era de $5.214.400, según la Ley Provincial 8.072 de Contrataciones.
En otras palabras, el municipio adjudicó directamente un servicio por casi tres veces el máximo permitido para esa modalidad. La observación forma parte de un conjunto de incumplimientos que la Auditoría detectó al revisar la organización y ejecución financiera del festival durante la gestión de la intendenta Rita Guevara.
Pagos millonarios sin respaldo y diferencias con los artistas
La revisión también puso bajo la lupa los desembolsos realizados a proveedores y artistas. Según los resultados difundidos del dictamen, se detectaron diferencias entre los importes establecidos en los contratos y las sumas efectivamente pagadas: en dos casos, los excedentes observados fueron de $5.225.462,70 y $52.500.
Además, se señalaron gastos ejecutados sin crédito presupuestario vigente y contrataciones artísticas que no contaban con los instrumentos administrativos exigidos.
El problema no se limitó a la contratación de servicios. La auditoría encontró deficiencias en la documentación respaldatoria de las operaciones y en los procedimientos utilizados para autorizar y registrar los gastos.
Casi $4 millones en horas extras por fuera de los recibos
Otro capítulo de las observaciones involucra al personal municipal. Durante la organización del festival se pagaron $3.945.000 en concepto de horas extraordinarias, mediante planillas manuales cuyos importes no fueron incorporados a los recibos de sueldo.
Esta modalidad generó cuestionamientos por la falta de registración formal de esos pagos y sus consecuencias sobre los aportes a la seguridad social.
La Auditoría también detectó omisiones en las retenciones del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto a las Actividades Económicas, obligaciones tributarias que el municipio debía cumplir.
Dos años de reclamos y una investigación que sigue abierta
Las observaciones conocidas ahora vuelven a poner en escena los cuestionamientos que el Concejo Deliberante de Cafayate había planteado desde 2024 sobre la rendición económica de la Serenata.
Los reclamos incluyeron pedidos de documentación sobre contratos artísticos, aportes, ingresos por entradas, gastos y balances. La falta de respuestas consideradas suficientes derivó en solicitudes de intervención del organismo provincial de control.
Durante 2025, la controversia continuó con la conformación de una comisión especial para revisar las rendiciones de las ediciones 2024 y 2025. La intendenta Guevara cuestionó la legalidad de esa comisión y promovió un planteo de nulidad.
El dictamen desfavorable representa un respaldo técnico a varias de las observaciones administrativas y contables que venían formulándose. Sin embargo, no equivale a una condena penal ni acredita por sí solo la existencia de una estafa o apropiación de fondos públicos.
La determinación de eventuales responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales deberá surgir de los procedimientos correspondientes. El interrogante central ahora es si las irregularidades detectadas derivarán en nuevas actuaciones judiciales y quiénes deberán responder por las decisiones adoptadas en la administración de los recursos de uno de los festivales más importantes de Salta.
