El episodio ocurrió el 18 de julio en el local bailable Pecas, donde el efectivo cumplía un servicio adicional. La mujer recibió ocho meses de prisión efectiva bajo modalidad domiciliaria, reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado y deberá restituir el valor de la pistola, que nunca fue recuperada, además de indemnizar al damnificado.
Un arma reglamentaria desapareció mientras su dueño cumplía funciones de seguridad en un local bailable de la ciudad de Salta. El episodio ocurrió durante la madrugada del 18 de julio en Pecas, donde un efectivo policial realizaba un servicio adicional. Por el hurto, Fernanda Lluvinska Martínez fue condenada a ocho meses de prisión de ejecución efectiva, que cumplirá bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado, luego de que la acusada reconociera su responsabilidad en el hecho. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal N.º 4 del Distrito Centro, encabezada por Facundo Ruiz de los Llanos. En la audiencia intervinieron el auxiliar fiscal Alejandro Campoccia y el abogado Juan Pablo Dubois, en representación del Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo con la acusación, la mujer sustrajo el arma reglamentaria del policía mientras este prestaba servicio en el establecimiento nocturno. Pese a las actuaciones realizadas, el arma no pudo ser recuperada.
Una condena y una reparación económica
La pena de ocho meses de prisión efectiva tuvo en cuenta que Martínez registra un antecedente condenatorio. Aunque la sanción es de cumplimiento efectivo, la Justicia dispuso que se ejecute bajo la modalidad domiciliaria.
El acuerdo también estableció una reparación económica por el perjuicio ocasionado. La condenada deberá restituir $1.200.000, correspondiente al valor del arma sustraída, mediante tres cuotas que serán depositadas en una cuenta del Ministerio de Seguridad.
A ese monto se suman $400.000 en concepto de indemnización para el efectivo policial damnificado, quien intervino en la causa como querellante. Ese pago deberá realizarse en dos cuotas.
En total, la reparación económica asciende a $1.600.000, sin que ello modifique el hecho central de la causa: el arma sustraída continúa sin aparecer.
La resolución judicial cerró la instancia de juicio mediante el reconocimiento de responsabilidad de la acusada, mientras que la restitución del valor del armamento y la indemnización quedaron establecidas como parte del acuerdo.
