Una investigación del fiscal federal con competencia electoral en el distrito de Salta, Ricardo Toranzos, estableció que en el municipio de Aguas Blancas existen más de 2.000 inscripciones irregulares en el padrón electoral.
La localidad, que tiene 3.648 habitantes según el censo 2022, cuenta actualmente con 5.736 electores habilitados para votar, lo que representa un 57,2% más de votantes que de habitantes.
A partir esas inconsistencias, la fiscalía ordenó realizar el martes pasado un relevamiento casa por casa y hasta vía aérea con imágenes de un dron para la verificación domiciliaria del padrón de electores registrados en esa localidad que limita con Bolivia. De la diligencia participaron 60 efectivos de la Policía de Salta, bajo supervisión del Ministerio de Seguridad provincial, y 40 de Gendarmería Nacional.
“La hipótesis principal es que ciudadanos provenientes de Bolivia gestionan DNI argentino en Aguas Blancas para acceder a subsidios y beneficios sociales, además de quedar empadronados en la localidad. Esto distorsiona la representación democrática y el uso de recursos estatales”, señaló un informe elaborado por la fiscalía.
También destaca que hay “más de 3.000 electores en domicilios ambiguos”, que en las últimas elecciones presidenciales de 2023, “entre 300 y 400 personas ingresaron desde Bolivia en cada jornada electoral” y que, a partir de esta situación, se infiere que “en elecciones nacionales, el impacto es marginal” pero “en municipales, puede ser decisivo”.
El inicio de la investigación
El caso se inició a partir de la denuncia presentada en 2023 por Santiago Alberdi, dirigente político de una fuerza partidaria nacional, quien pidió que se investigue el supuesto ingreso irregular de personas provenientes de Bolivia, lo que sucedía en el paso fronterizo internacional de Aguas Blancas los días de elecciones. Según el denunciante, en esas fechas se registraban largas filas para cruzar a nuestro país con el fin de votar a cambio de dinero, lo cual podría tener origen en la obtención irregular de residencia y/o nacionalidad facilitando de esta forma “votos golondrina”.
El fiscal federal Ricardo Toranzos, junto con los auxiliares fiscales Carolina Aráoz Vallejo e Ignacio Irigoyen y el investigador Lisandro Arranz, ordenó un relevamiento del padrón. Para ello se cotejaron datos de la Secretaría Electoral, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Como resultado, se pudo conocer que existen diferencias relevantes entre la información aportada por los organismos, denotando que es mucho mayor el incremento de electores registrados en los padrones nacionales en comparación con los ciudadanos censados por INDEC.
También se estableció que gran parte de estas personas tienen consignados domicilios sin numeración, los cuales, en número, son significativamente mayor a la cantidad de viviendas relevadas en esas calles. De esta forma, se concluyó que existe una irregularidad en los padrones electorales, ya que están integrados por más gente de la que podría habitar allí.
Las cifras
En un primer análisis, se tuvo en cuenta que Aguas Blancas registró, en el censo de 2010, una cantidad de 2.395 habitantes, mientras que, en el relevamiento de 2022, ese número aumentó a 3.648, es decir, que el crecimiento en 12 años fue de 1.253 pobladores, un 52,3%.
Del cruce de información, también se constató un aumento exponencial de votantes desde 2015, año en que Aguas Blancas fue creado como municipio. Mientras en esa fecha había 3.286 electores -una cifra que ya se consideraba elevada-, en abril de este año el número trepó a 5.736 votantes, lo que implica un incremento en una década del 74,6 %.
Relevamiento domiciliario
El crecimiento se concentró en cuatro calles que desembocan en el río Bermejo, límite con Bolivia. Allí se detectó que los registros electorales superan ampliamente la cantidad de viviendas relevadas. Por ejemplo, en la calle 20 de Febrero, de una extensión de 619 metros, figuran 793 votantes. Sin embargo, del relevamiento realizado no se pudo establecer esa cantidad, pues en dicha arteria, se advierten varios espacios verdes y de los escasos inmuebles visitados, muchos son depósitos de mercadería, hoteles y baldíos.
Situaciones similares se verificaron en las calles 25 de Mayo, donde residirían 729 votantes; 9 de Julio, con 700; Rivadavia, con 324; Agua Blancas, 485 y las intersecciones de 9 de Julio y Rivadavia, con 26; y de 25 de Mayo y Güemes, cuya ubicación fue dada por 39 personas registrados para votar.
La fiscalía hizo hincapié en estas calles, principalmente porque en las mismas se aglutinan poco más de 3.000 votantes registrados, número que no pudo ser comprobado por los policías que relevaron esa zona el martes pasado, con lo cual se comprobó una grave irregularidad de registro.
El informe presentado al respecto destaca que dichas calles, además de tener una extensión de 300 a 600 metros, con pocas casas de familia, no cuenta con una numeración oficial en los registros públicos, sino que aparecen con las leyendas “sin número”.
Desde el municipio, que atraviesa una intervención desde septiembre de 2024, se informó sobre un proceso de regularización para la asignación de numeración de los inmuebles, que estaría programado.
Por otra parte, se dio a conocer que los vecinos fueron convocados públicamente a renovar el DNI para allí consignar sus domicilios con número, pero solo un pequeño porcentaje se presentó.
La falta de numeración en los domicilios declarados refuerza para el MPF la sospecha de una modalidad ilícita para un empadronamiento ficticio. Además, se observó que las calles en cuestión terminan en zonas de maleza que conectan directamente con el río Bermejo, circunstancia que refuerza las hipótesis sobre el posible cruce de ciudadanos desde Bolivia en fechas electorales.
La fiscalía trabaja ahora en la identificación de los posibles responsables de estas maniobras y en determinar si existió la utilización de documentación apócrifa para sustentar las inscripciones irregulares en el padrón electoral.
En el reporte, la fiscalía a cargo de Toranzos, enumeró, a modo de resumen, las siguientes hipótesis y observaciones críticas:
-Ingreso de ciudadanos bolivianos para gestionar DNI argentino y acceder a subsidios.
-Padrón inflado artificialmente.
-Deficiencias administrativas.
-Maniobras políticas en zonas de frontera.
-Alta concentración en domicilios S/N.
-Padrón electoral supera ampliamente la población censada.
-Posibles empadronamientos ficticios.
-Cercanía con Bolivia facilita inscripciones no genuinas.
