Es de esperar que tras lo sucedido tanto en Guernica como en Entre Ríos las autoridades entiendan que fuera la ley se cae en la anarquía, en la sedición y en la violencia
El fenómeno de usurpación de terrenos que se viene sucediendo en la Argentina constituye un elemento de seria perturbación social y de claro apartamiento de la letra de la ley, en particular del Código Penal, que en su artículo 181 tipifica el delito de usurpación de bienes y lo condena.
Así las cosas, hemos asistido a una terrible proliferación de hechos de este tipo que hoy se multiplican en doce provincias. Las situaciones que han tomado mayor espacio público son Guernica, Patagonia y el establecimiento de la familia Etchevehere en Entre Ríos.
En el primer caso, la postergación insostenible de ordenar el desalojo por decisión de la autoridad política en abierto desafío de las decisiones judiciales ha desembocado en una evacuación violenta que ha sido más el producto de la presión de la gran mayoría de los argentinos expresada en las encuestas de opinión, que se opone a los ataques contra el derecho de propiedad, que del respeto del imperio de la ley por parte de las autoridades. Por el contrario, varios de los niveles de gobierno han callado, consentido silenciosamente o abiertamente estimulado este tipo de hechos. Hoy, a la luz del costo político que deben pagar por tan imperdonable comportamiento de parte de quienes han jurado cumplir y hacer cumplir la constitución, reaccionan y ojalá que finalmente aprendan que sólo el respeto de las instituciones asegura soluciones justas.
En Entre Ríos, hemos asistido a un verdadero “culebrón”. Una suerte de comando denominado Artigas, a las órdenes de Juan Grabois, que sacando provecho de un conflicto sucesorio familiar asestó un golpe brutal a nuestras instituciones por medio de una verdadera intervención federal de hecho. Luego, gracias a la decisión de un juez subrogante militante que decidió desoír lo dictaminado por dos fiscales se demoró el desalojo. Como consecuencia de tan incomprensible actitud se siguió prolongando un estado de cosas lamentable desde la óptica de la observancia del derecho, que es por el que la autoridad debe velar permanentemente. Finalmente, la jueza María Carolina Castagno tomó una decisión acorde con el marco jurídico vigente y a través de la convalidación de una prueba irrefutable ordenó el inmediato desalojo del campo.
