Patricia Rodríguez Rendón tenía 31 años y se encontraba desaparecida desde el martes. Su cuerpo fue hallado sin vida el jueves en una zona descampada de la localidad de Catriel, provincia de Río Negro, luego de que su ex pareja confesara que la había asesinado y descartado sus restos en ese sitio.
No se trata de un caso aislado: se contaron 143 femicidios, 3 travesticidios y 9 casos vinculados de varones adultos o niños a manos de agresores en escenarios de violencia de género entre enero a junio de 2022, según publicó la asociación civil Casa del Encuentro. “Los datos más relevantes son que 162 hijas/hijos quedaron sin madre, el 66 % son menores de edad; el 58 % de los agresores eran parejas o exparejas”, detallaron.
De acuerdo con el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, en los primeros seis meses del año se produjo un caso cada 29 horas. “El lugar más inseguro continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (62 % fueron asesinadas en su hogar). En términos absolutos, Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba, y Santiago del Estero”, sumaron.
De acuerdo al informe, 62 % de los femicidios fueron en sus respectivos hogares. “Información adicional: 33 víctimas habían realizado denuncia; 6 femicidas tenían dictada medida cautelar de prevención; 9 femicidas agentes o ex agentes de fuerza de seguridad; 4 víctimas en presunción de prostitución o trata, 6 víctimas estaban embarazadas y 8 víctimas tenían indicio de abuso sexual”, detallaron.
Además, informaron que 3 víctimas eran mujer trans, 11 eran migrantes y las 4 víctimas restantes eran de pueblos originarios. “20 femicidas se suicidaron. Los trans/travesticidios son la expresión más extrema de una cadena de violencias estructurales que responden a un sistema cultural, social, político y económico vertebrado por la división binaria excluyente entre los géneros. Un continuum de violencias: expulsión del hogar, exclusión del sistema educativo, sanitario y laboral, iniciación temprana en prostitución, riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual, criminalización, estigmatización social, patologización, persecución y violencia policial”; sentenciaron.
