Fue presentada por los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico. La acusación apunta contra los magistrados Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo.
Legisladores de la oposición denunciaron a los jueces que anularon la causa por presuntas “defraudaciones reiteradas” contra el puntero Julio “Chocolate” Rigau, quien usaba 48 tarjetas de débito de la Cámara de Diputados bonaerense.
La presentación la hicieron los legisladores Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico, quienes pidieron que se les abra una denuncia penal y se inicie un proceso para remover de sus cargos a los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo.
Los dos camaristas integran la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata y hasta hoy no habían tenido denuncias en el organismo que investiga la conducta de los jueces.
Benavides y Villordo fueron los jueces que hicieron lugar a un habeas corpus de la defensa de Julio “Chocolate” Rigau y, por esa vía, no sólo lo dejaron en libertad, sino que declararon nulo el punto de partida de investigación y, por lo tanto, la causa.
Julio “Chocolate” Rigau
El magistrado restante que compone el tribunal que dejó en libertad a Rigau es Fernando Mateos, quien votó en disidencia con sus colegas y aseguró que el caso generó “estrépito social, desconcierto y descrédito para el común de la gente”.
Mateos cuestionó que se pretendiera “sellar la suerte de una investigación que razonablemente podría relacionarse” con actividades de corrupción que la Argentina se comprometió a combatir cuando firmó tratados internacionales sobre la materia.
El argumento que dieron para declarar nula la causa está basado en que, según la Cámara, la requisa que le hizo la Policía a Rigau fue ilegal y eso es lo que invalida todo lo que se actuó en el expediente. En aquel momento, el acusado fue interceptado en un cajero automático sacando plata con 49 tarjetas de débito y 1.260.000 pesos.
De acuerdo a lo que argumentaron Benavides y Villordo, los jueces son los únicos habilitados a ordenar requisas y las fuerzas de seguridad pueden hacerlo cuando existe una “sospecha razonada o causa probable” de un posible delito. Para los magistrados, eso no existía porque Rigau solo estaba sacando dinero de un cajero automático.
Según pudo saber TN, el fiscal general de ese departamento judicial, Héctor Vogliolo, recurrirá a la instancia de Casación para revertir la decisión y evitar el cierre definitivo de la causa.
