Duras críticas de juristas a la detención de tuiteros que opinaron sobre Gerardo Morales y su mujer

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El caso de Morandini y Villegas ya tomó repercusión nacional e internacional. Medios del país consultaron a especialistas y todos coincidieron en cuestionar el proceso que avanza y por el cual permanecen detenidos hace casi dos meses.

La detención de Nahuel Morandini y Roque Villegas, presos por tuitear contenido contra el ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, llegó a medios nacionales e internacionales.

Recientemente el sitio web oficial de periódico “El País” de España publicó información al respecto, dando algunos detalles de lo sucedido y las personas envueltas en ello.

La decisión de la justicia jujeña de mantener detenidos a dos hombres por haber posteado en redes sociales mensajes sobre una supuesta infidelidad de Tulia Snopek, la mujer de Gerardo Morales, puso en alerta al mundo de los expertos en derecho público. Especialistas de diferentes líneas de pensamiento consultados por LA NACION coincidieron en manifestar su preocupación por este caso. Cuestionaron que dos personas estén acusadas de graves delitos penales por lo que postearon en redes sociales, pero sobre todo, que lleven 48 días presos.

Nahuel Morandini fue arrestado porque publicó un tuit en el que sostuvo que parece que “uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del exgobernador” y Roque Villegas, porque reposteó en su cuenta de Facebook mensajes sobre la supuesta infidelidad de Snopek. Después, en Jujuy se viralizaron rumores que daban por cierta esa relación prohibida o que ponían en duda, muchos en tono jocoso, la paternidad de Morales (tiene una hija de dos años con Snopek). Morandini y Villegas están acusados de dos delitos que, sumados como pretende la fiscalía, los pueden dejar en prisión hasta ocho años: lesiones psicológicas (a Snopek) y afectación a la identidad de una menor (su hija).

Alejandro Carrió, especialista en derecho penal y constitucional, sostuvo que “se está utilizando el derecho penal, que es la última herramienta del sistema”, para castigar conductas “que, de haber causado algún daño, sería suficiente con el derecho civil y las indemnizaciones” para contrarrestarlo.

Según Carrió, “la calificación de tornar incierta la identidad de la víctima es absolutamente forzada” porque “son comentarios no dichos asertivamente que de ninguna manera pueden calificar como ‘tornar incierta’ la identidad biológica de una persona”.

“También me parece forzada la calificación del daño sufrido por una persona adulta que tiene todas las herramientas que el derecho civil le concede para reparar el perjuicio que estas manifestaciones puedan haberle causado”, dijo Carrió, que afirmó: “Me parece una enormidad que estas personas estén privadas de su libertad. El riesgo procesal es inexistente, el argumento del peligro de repetición del delito es absurdo: no solo las imputaciones son desmedidas, la privación de la libertad es absolutamente inconstitucional”, sostuvo. La constitucionalista María Angélica Gelli coincidió: “Este caso me asombró muchísimo; sobre todo por la prisión preventiva. Es una exageración”.

Hernán Gullco, presidente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y codirector de la especialización y maestría en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella, dijo que lo que está pasando en Jujuy es “muy inquietante”.

“Hay que distinguir dos cosas. Por un lado, está el alcance la libertad de expresión, pero la clave acá es la vía elegida”, dijo. Según Gullco, la vía penal, con prisión preventiva, “no es aceptable”.

“La prueba de la lesión [a Snopek] es muy superficial y el delito de supresión del estado civil está pensado para otra cosa; no para cuando se hacen afirmaciones sobre el origen de una persona. Eso podría encuadrar en la figura de injurias, pero en ese caso, no tendría nada que hacer el fiscal [el delito de injurias es de acción privada]”.

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