Para trabajar sobre el Proyecto de Ley que autoriza el otorgamiento en comodato de una fracción de tierras fiscales a Tigres Rugby Club, la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado abrió este miércoles una ronda de consultas con el objetivo de escuchar a todos los actores involucrados, comenzando con representantes de la comunidad Indígena Lules de Las Costas.
Participaron del plenario ampliado los senadores; Dani Nolasco, Jorge Soto, Alejandra Navarro, Leonor Minetti, Roque Cornejo, Daniel Moreno, Manrique Burgos, Rolando Guaimás, Diego Cari, Luciano Elvira, Gonzalo Caro Dávalos y Walter Cruz.
En representación de la comunidad Lule asistieron el presidente, David Torres; el vicepresidente, Miguel Sarapura y las integrantes, Mercedes Pacheco, Camila Rueda y Bárbara Pacheco.
El proyecto de ley, que llega con la aprobación de la Cámara de Diputados, autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar en comodato (cesión de uso gratuito), por un plazo de 25 años, una fracción de terreno de propiedad estatal con una superficie aproximada de 8,8 hectáreas del departamento Capital, ubicada en la zona de Finca Las Costas. La norma establece como cargo obligatorio que el inmueble sea destinado exclusivamente por Tigres Rugby Club para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de contención social, fijando además que la entidad no podrá cambiar el destino del predio ni cederlo a terceros bajo pena de caducidad del beneficio.
Oposición de la comunidad Lule
Durante el plenario, Torres expuso su oposición al comodato por entender que la comunidad cuenta con el relevamiento previsto en la Ley Nacional N° 26.160 y el reconocimiento público de su posesión mediante la Resolución N° 1020 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En ese marco, advirtió que el derecho indígena es de carácter colectivo, por lo que la afectación de una parte compromete a toda la comunidad y no solo a las familias damnificadas, denunciando además la falta de una consulta previa, libre e informada en el proceso. Asimismo, cuestionó que el Concejo Deliberante de San Lorenzo haya condonado una deuda impositiva millonaria a la institución deportiva desde el año 2010, señalando que esta medida facilita el acceso a tierras públicas para su posterior usufructo privado.
Sarapura ratificó la postura de resistencia de los pobladores en el territorio, mientras que Mercedes y Bárbara Pacheco señalaron que los terrenos fiscales son actualmente utilizados para el pastoreo y la siembra por sus respectivas familias que son residentes de antigüedad. Al respecto, Mercedes Pacheco fundamentó el arraigo de sus padres y demás pobladores al sostener que las tierras sembradas constituyen tierras habitadas. Además, denunciaron la falta de servicios básicos en la zona, alertaron sobre el impacto ambiental hídrico que generaría la infraestructura deportiva y denunciaron situaciones de hostigamiento en el perímetro del predio. Por su parte, Rueda, en representación de las comunidades y también de las centrales sindicales CTA y ATE, detalló un monitoreo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y solicitó el cese de los atropellos en el área, de los que son víctimas.
