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El precio del engaño: $41 millones para frenar el juicio por estafas inmobiliarias y falsas inversiones

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Diez víctimas perjudicadas por promesas de terrenos y retornos millonarios lograron un histórico acuerdo de reparación. Los principales acusados evitaron la cárcel tras comprometerse a resarcir a los estafados y hacer trabajo comunitario.

La ilusión del techo propio vendida a espaldas de sus verdaderos dueños y la falsa promesa de retornos en dólares con ganancias del 20%. Durante meses, el espejismo financiero y las maniobras inmobiliarias dejaron a decenas de familias salteñas atrapadas en un laberinto de impotencia y deudas, viendo cómo los ahorros de toda su vida se esfumaban tras firmas de contratos que no valían el papel en el que estaban escritos.

El desenlace para este entramado de engaños llegó en los tribunales del Distrito Centro, donde la fiscal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, y las partes concretaron un paquete de soluciones alternativas para resarcir integralmente a diez damnificados, evitando la elevación a juicio oral mediante acuerdos conciliatorios y suspensiones del proceso a prueba.

El reparto de la reparación: 41 millones en juego

La jueza Cecilia Flores Toranzos validó los convenios alcanzados para los tres imputados —Carlos Adrián Huergo, Julio César Aldecoa y Mario Gustavo Maldonado—, priorizando la satisfacción económica de las víctimas por sobre el castigo penal directo:

Carlos Adrián Huergo: Enfrentaba los cargos más graves (estafas reiteradas, administración fraudulenta y falsificación de instrumento privado). Para suspender su juicio por dos años, deberá abonar 31 millones de pesos a seis víctimas mediante planes de pago reajustables. Además, cumplirá seis meses de tareas comunitarias en una institución religiosa.

Julio César Aldecoa: Obtuvo la suspensión del juicio por un año tras comprometerse a pagar 9 millones de pesos a tres afectados.

Mario Gustavo Maldonado (y Huergo): Sellaron un acuerdo conciliatorio con la décima víctima, que contempla la liberación de fondos judicialmente embargados más el pago adicional de 1,5 millones de pesos en tres cuotas.

Anatomía de la trampa: loteos fantasmas e inversiones de humo

Las denuncias que derivaron en las pesquisas de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) expusieron tres metodologías distintas de estafa:

Venta clandestina en barrio Intersindical: Huergo fue contratado como desarrollador de un loteo, pero aprovechó la ausencia del dueño original para vender los terrenos por su cuenta y quedarse con toda la recaudación.

Terrenos inaccesibles: A través de firmas desarrolladoras, cobraron sumas integrales por lotes que jamás entregaron, ofreciendo permutas por otros inmuebles que tampoco existían.

Caza de dólares con tasa mágica: Atraían ahorristas prometiendo la devolución del capital inicial más un tentador 20% de rendimiento en dólares y pesos, retornos que nunca se liquidaron.

Reglas de conducta y sobreseimiento parcial

Para sostener la suspensión del juicio a prueba y evitar la condena, tanto Huergo como Aldecoa deberán cumplir estrictas medidas de conducta: fijar domicilio, abstenerse de consumir alcohol o drogas, no cometer nuevos delitos y quedar absolutamente imposibilitados de salir del país sin autorización de la Justicia.

Asimismo, la magistrada dispuso el sobreseimiento parcial de Huergo en la figura de falsificación de instrumento privado al constatar que el delito se encontraba prescrito. En caso de que alguno de los imputados incumpla las cuotas de dinero pactadas o las reglas fijadas, la Justicia revocará los beneficios y reactivará inmediatamente el juicio penal en su contra.