La Comisión de la Mujer, Género y Diversidad mantuvo una reunión con la representante del Senado ante el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Analizaron el informe de gestión 2023-2025, el diagnóstico de los municipios y nuevas propuestas para fortalecer las políticas públicas en Salta.
La Comisión de la Mujer, Género y Diversidad del Senado de Salta mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con la representante de la Cámara Alta ante el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), con el objetivo de conocer los resultados del informe de gestión correspondiente al período 2023-2025 y avanzar en nuevas líneas de acción.
Durante el encuentro se analizaron los principales ejes de trabajo del organismo, entre ellos la asistencia técnica, la capacitación, la articulación institucional y el relevamiento territorial de las distintas problemáticas vinculadas con las violencias que afectan a mujeres y diversidades en los departamentos de la provincia.
Participaron los senadores Leonor Minetti, Manuel Pailler, Alejandra Navarro, Luciano Elvira, Gonzalo Guaymás, Carlos Guitián, Dani Nolasco y Arnaldo Altamirano. En representación del OVcM estuvo su directora representante del Senado, Natalia Fuentes.
Datos para definir políticas públicas
Durante su exposición, Fuentes destacó la necesidad de sostener una articulación permanente entre el Observatorio y el Poder Legislativo, con el objetivo de que las políticas destinadas a prevenir y erradicar las violencias puedan apoyarse en diagnósticos actualizados y evidencia territorial.
En ese sentido, explicó que uno de los objetivos técnicos del OVcM es aportar información para la elaboración y actualización de normas mediante diagnósticos situacionales, flujogramas de respuesta territorial y capacitación permanente, incluida la formación establecida por la Ley Micaela.
La funcionaria también repasó la participación técnica del organismo en distintas iniciativas legislativas provinciales y nacionales, entre ellas las leyes 7888 y 7403, vinculadas con la protección frente a la violencia familiar y de género; la adhesión a la Ley Olimpia; el Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT; además de iniciativas relacionadas con lactancia, deudores alimentarios, obstrucción de vínculos familiares, consejerías integrales y la Ley 8534, referida a la prevención y visibilización de crímenes de odio.
También se informó sobre el relevamiento de denuncias por violencia familiar vinculadas con consumos problemáticos, con el propósito de incorporar nuevas variables al análisis de esta problemática.
Preocupación por la situación en los municipios
Uno de los puntos que generó especial atención fue el diagnóstico sobre la estructura institucional existente en los municipios.
De acuerdo con el relevamiento presentado, solo la mitad de los municipios mantiene actualmente áreas específicas de Mujer, Género y Diversidad, frente al 70% registrado en años anteriores.
El informe señala que 29 municipios cuentan con un área propia, siete no disponen de una estructura específica y otros 24 todavía no respondieron al relevamiento.
Ante este escenario, desde el Observatorio se planteó la necesidad de fortalecer a los referentes que actualmente abordan estas situaciones desde áreas de Desarrollo Social, para garantizar una respuesta básica y adecuada ante casos de violencia.
