La Justicia rechazó el último recurso de Cristina Kirchner para evitar el juicio por la cartelización de la obra pública

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Cristina deberá enfrentar un juicio por la cartelización de la obra pública. (Foto: Reuters). Cristina deberá enfrentar un juicio por la cartelización de la obra pública.

Casación Penal avaló el procesamiento de la Vicepresidenta y el embargo en 20 millones de pesos.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró este martes inadmisible el recurso extraordinario presentado por los abogados de Cristina Kirchner luego de que la misma sala había confirmado en septiembre su procesamiento parcial y embargo de 20 millones de pesos en una causa conexa a la investigación principal por los “cuadernos de las coimas”.

En una resolución de solo dos fojas, los jueces Liliana Catucci, Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi explicaron que el pedido realizado por Carlos Beraldi, letrado de la vicepresidenta, “no cumple con los recaudos” necesarios para habilitar la revisión del procesamiento que ya estaba firme por los delitos de “asociación ilícita, cohecho y dádivas”.

El fiscal de juicio Mario Villar había dictaminado a favor de reconfirmar el procesamiento por corrupción y en contra de habilitar la instancia del recurso extraordinario. Los magistrados, en consecuencia, se apoyaron en su análisis para no hacer lugar al planteo de la defensa de Cristina.

El juez Claudio Bonadio investigó el año pasado si la vicepresidenta formó parte junto con funcionarios de su gobierno, entre 2007 y 2015, y el de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007, de una asociación ilícita destinada a cobrar sobornos de empresarios a los que se les direccionaban las licitaciones para quedarse con las millonarias obras públicas nacionales.

En este tramo, considerado como la “cartelización de la obra pública”, analizó si Carlos Wagner, dueño de Esuco y por entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), acordaba con los funcionarios el reparto de las licitaciones a cambio de que las compañías pagaran coimas. La acusación surgió de las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, que era a su vez la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal.

Si bien el juez Bonadio cerró la instrucción sobre la cartelización de la obra pública en diciembre para elevar el expediente a los tribunales en miras de realizar el sorteo correspondiente, la Vicepresidenta buscaba un recurso de última instancia para revisar todo lo actuado. Sin embargo, los jueces Catucci, Yacobucci y Riggi se lo negaron por cuestiones técnicas, con lo que convalidaron la llegada del expediente al juicio oral.

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