El Tribunal aceptó el per saltum de tres jueces desplazados de sus cargos. La ofensiva oficialista generó una reacción unificada, aunque en medio de internas. La decisión generó enorme malestar del Presidente y de Cristina Kirchner. Y marcó un vuelco en este caso aun sin resolver la cuestión de fondo
El per saltum a favor de tres jueces desplazados por el oficialismo causó sorpresa y de inmediato malhumor en el Gobierno. Esa fue la primera reacción frente a una decisión de la Corte Suprema que hace apenas diez días consideraban de mínima improbable en el circuito de Olivos. Las respuestas iniciales estuvieron restringidas a figuras más ligadas a Cristina Fernández de Kirchner que a Alberto Fernández, mientras se hacía circular cierta expectativa sobre la resolución de fondo, tal vez en dos semanas. El enojo, de todos modos, asomaba persistente por su doble mensaje: el freno a la ofensiva oficialista, al menos inicial, y el sustento de la decisión, unánime aunque sin disimular internas en el primer escalón de la Justicia.
Precisamente, esa reacción de cuerpo pareció fruto del propio y mal evaluado juego del Gobierno. La fuerte presión colaboró mucho a desarmar el reflejo repetido de dilatar lo más posible una definición y generó espacio para la cita extraordinaria decidida por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, de difícil o mala relación con otros integrantes del tribunal. Conocedores del terreno judicial creen que las jugadas públicas y reservadas desde el poder político habrían provocado el “milagro” de una respuesta que no aparecía en la evaluación de la Casa Rosada aunque latía en la desconfianza del kirchnerismo duro.
La decisión de la Corte genera un cambio sustancial en esta pulseada, con expresión abierta en el reclamo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y el juez Germán Castelli, todos con participación en el trámite de causas por corrupción. Ese cambio es en rigor un desafío para el Gobierno, porque lo que hasta ahora fueron cuestionables declaraciones y presiones sobre la Justicia –y no sólo por este caso- puede transformarse en una verdadera batalla abierta con riesgo de conflicto institucional y con efectos nocivos en casi todos los planos, incluida la economía.
Habrá que ver en las próximas horas si el propio Presidente y la primera línea oficialista aceleran o frenan la pelea, tal vez por cálculo, a la espera de la decisión de fondo. O si escalan, porque evalúan que el desenlace será la reposición de los jueces o porque creen que puede cambiar el curso de los acontecimientos. En cualquier alternativa, el resultado sería aún más grave que el registrado hasta ahora en términos de impacto.
El problema repetido en estos casos consiste en analizar de manera aislada el problema. En medios oficialistas, se considera que el tema judicial sólo afecta a una franja social si no reducida al menos no mayoritaria. Puede ser una subestimación, cierto desdén descalificador sobre sectores de clase media, pero a la vez es una mirada reduccionista. Ocurre que una batalla abierta con la Corte se sumaría a otros factores como la reforma del fuero federal y la “Comisión Beraldi” y podría ampliar las referencias ya crecientes al papel de los medios, como ingrediente de una repuesta categoría destituyente. Ecos del pasado, pero no sólo eso.
Una trepada de ese tipo sólo agregaría incertidumbre a la economía en general, y no sólo a los mercados, en el contexto de la crisis económica y social profundizada por la cuarentena. Es llamativo porque el Gobierno registra a su modo ese agotamiento, con el agregado de cifras de contagios y muertes significativas, y con varias provincias en ascenso cuando podría estar estabilizándose la situación en la Capital y en Buenos Aires. Esos números exponen el mal manejo de restricciones pasada la primera etapa de aislamiento. Y el recuento de víctimas en la Provincia provoca un descrédito que trasciende al coronavirus.
