La justicia allanó hoy la firma Hemo Salta SRL y otros 7 clínicas y establecimientos médicos privados en el marco de la investigación que lleva a cabo el fiscal general, Eduardo José Villalba por el presunto delito contemplado en el artículo 91, de la Ley 22.990, conocida como la Ley de Sangre.
Estuvo a cargo de personal de la Unidad de Investigación de Procedimientos Judiciales y Complejos de Gendarmería Nacional.
Fueron ordenados por la jueza federal de Garantías, Mariela Giménez.
La Ley establece penas de prisión de 6 meses a 5 años y multas que van de los 10 mil a 500 mil pesos para el que “intermediare comercialmente y/o lucrare en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales”, en este caso de plasma para el tratamiento de la enfermedad COVID-19.
Como se sabe el caso fue denunciado públicamente contra la firma Hemo Salta SRL dirigida por médico Martín de la Arena por querer cobrar 30.000 pesos por una transfusión de plasma.
A De la Arena se lo imputó por el presunto delito de fraude a la administración pública en grado de tentativa.
Hemo Salta SRL prestador de servicios al IPS habría solicitado el pago de prácticas de transfusión de plasma (plasmaferesis) por un valor mayor al código nomenclado vigente.
También se advirtieron otras presuntas irregularidades en el pedido de los pagos a la obra social del Estado, cuando el ministerio de Salud Pública había dispuesto la entrega de las unidades de plasma de manera gratuita y a través del Centro de Hemoterapia.
La justicia quiere determinar cuántos pacientes recibieron transfusiones de plasma.
