Denunciarán al ministro Mimessi por despilfarro y malversación cuando fue intendente de Tartagal

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El Intendente de Tartagal, Mario Mimessi y Carla Cordero la ex funcionaria denunciada y procesada por "coimas" en planes nacionales que oficiaba de recaudadora

En la apertura del año de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Tartagal, el intendente Franco Hernández Berni lanzó polémicas acusaciones a la gestión de Mario Mimessi, responsabilizándolo por la imposibilidad de acceder a créditos bancarios, despilfarro y malversación de fondos, deudas y daño a servidores que resultó en “pérdida de documentación pública” motivo por el cual iniciará acciones legales.

El acto de apertura se cumplió ayer 1 de abril, como establece la Carta Orgánica Municipal de Tartagal con el descubrimiento de una placa homenaje al Centenario de la ciudad en el edificio del Concejo y posteriormente, todo el grupo se trasladó al tinglado del Complejo.

La jura de los concejales electos comenzó a las 11 horas y una vez concluido, el intendente Hernández Berni abrió su informe, dedicando buena parte de la primera mitad a resaltar aspectos negativos del gobierno de Mario Mimessi.

En los segmentos más polémicos acusó que recibieron un municipio “sin beneficio de inventario”, volvió sobre la imposibilidad de no poder acceder a un crédito bancario porque no se devolvió “dinero prestado al Banco Macro” y hay pagos incumplidos que también los condicionan, señaló que heredó una municipalidad que hizo “despilfarro” y que iluminó apenas “un par de cuadras”.

 Avanzando en su discurso, Hernández Berni denunció que el sistema informativo “funcionaba al 30 por ciento con servidores inutilizados, con información pública perdida, con falta de respaldo y con procedimientos realizados de manera incorrecta.

Agregó que el respaldo de la información pública de ingreso y egreso de recursos estaba suspendido e inhabilitado, ocasionando entre diciembre de 2019 y junio de 2021 una pérdida total de información pública respecto de los movimientos económicos y administrativos del municipio.

Afirmó que no existe información pública y que no hay nada y que la Asesoría Legal se encargará de las denuncias por daños y perjuicios ante el Ministerio Público Fiscal de Salta.

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